Entre risas y bromas, María Ángela Villamil afirma con sorprendente serenidad: “Me duele vivir”. Bromea sobre su condición mientras dice que vivió con dolor constante durante cuatro años cuando la infección lo dejó en un estado crónico, incurable y difícil de tratar, según le dijeron los médicos. Buscó todas las alternativas posibles para sobrellevar el dolor, y hace dos años encontró la marihuana medicinal.
Llegó a esto por recomendación de una amiga que sabía de casos exitosos y le sugirió a alguien que podría venderle unas gotas. La persona que originalmente le vendió el producto no era un médico, pero le dijo que buscaba el consejo de uno de ellos. Villamil estuvo de acuerdo y tomó gotas de cannabis durante varios meses. Psicóloga, no se sentía del todo segura por el riesgo de utilizar un producto casero. Continuó su búsqueda y pudo contactar a un especialista en dolor que desarrolló para él una fórmula inteligente de cannabis, una especie de preparación farmacéutica hecha de acuerdo con la prescripción personal de un médico, y le recomendó un nuevo proveedor que contó con su apoyo.
El tratamiento no fue barato. Después de un año de tomar nuevas gotas con regularidad, un día sintió efectos diferentes. Dice que duró más de cuatro horas sin mente, con los sentimientos y la conciencia alterados. Fue una situación traumática, cuya repetición la llevó a ver a un médico. Villamil cree que ni ella ni el proveedor han dado respuestas satisfactorias. Aunque decidió separarse de este profesional, sintió que el cannabis jugaba un papel clave en su tratamiento, por lo que continuó su búsqueda. Buscando por aquí y por allá, se encontró con Lenis Rivera, una de las médicas del dolor más destacadas del país, que había recibido una amplia capacitación en el uso del cannabis medicinal. Rivera explicó que tenía un «desequilibrio cognitivo», posiblemente porque los componentes del cannabis que usaba estaban desequilibrados.
Le recetó la nueva fórmula en otro laboratorio y desde entonces Villamil no ha tenido problemas con su tratamiento, que destaca es clave en una condición tan compleja como la suya.
Antes de ingresar a la práctica privada, Rivera trabajó en el Instituto Roosevelt y luego en KHIRON, una compañía de investigación de cannabis medicinal y una de las líderes en el campo en Colombia. Con KHIRON, recibió capacitación en cannabis medicinal en Canadá y regresó al país para capacitar a otros médicos y promover el uso del cannabis para tratar el dolor crónico y otros síntomas relacionados.
Aunque Rivera enfatiza el impacto del uso médico del cannabis en la salud de sus pacientes, en reiteradas ocasiones advierte que debe usarse bajo supervisión profesional: “Si bien el cannabis no es dañino, tampoco es inocuo. Esto puede causar efectos secundarios en personas que ya tienen algún tipo de patología”.
Tras la legalización del cannabis medicinal, ha aumentado el número de pacientes que acuden a él en busca de esta alternativa médica. Esto supuso un aumento de la producción, no siempre regulada ni con las condiciones necesarias para el uso médico. Esta es la razón por la cual el tratamiento puede costar más de $100 al mes, lo cual está fuera del alcance de muchos. Esto significa que muchos pacientes usan remedios caseros que son menos costosos pero también más riesgosos.
Según Rivera, la legalización debió ir de la mano con la campaña del gobierno para combatir el estigma que promueve el cannabis: “Estoy totalmente de acuerdo en que es algo estandarizado. Así como existen recomendaciones para el uso de analgésicos o para determinadas patologías, también existen recomendaciones para el uso de cannabis medicinal, y el personal médico debe conocerlas. Todavía hay mucho desconocimiento y miedo no solo por parte de los pacientes, sino también por parte de los profesionales médicos”, dice en conversación con EL PAÍS.
Acceso médico para múltiples
A partir de la Regulación 2292 de 2021 del Departamento de Salud, los medicamentos y fórmulas básicas que contienen CBD y THC, dos sustancias que se encuentran en el cannabis, están cubiertos por el Plan de Beneficios de Salud (PBS), antes conocido como el Plan de Beneficios de Salud Obligatorio. una lista de productos y servicios cubiertos por el seguro público de salud en Colombia. Esto significa que las empresas prestadoras de servicios de salud (EPS) deben asegurarse de que sean entregados a los pacientes que los necesitan, evitando que tengan que pagar de su bolsillo por el tratamiento.
Para Efraín López, asesor legal de cannabis y director de Árpez, uno de los temas clave posteriores a la legalización fue asegurar el acceso real de todos los pacientes, más allá de las trabas burocráticas o los altos costos privados. Para él, “hay una necesidad urgente de incluir más cannabinoides en PBS ya que esta es la única forma de democratizar el uso del cannabis medicinal”, dice.
Además de estas barreras, EPS reinterpretó recientemente el documento del Ministerio de Salud y comenzó a negarse a entregar mezclas maestras a través de PBS. Esto es grave porque impide que los pacientes tengan pleno acceso a sus medicamentos y tratamientos. Asimismo, debido a que el mercado es relativamente nuevo, muy pocas drogas cannabinoides están registradas en Invima, la organización responsable de asegurarse de que las drogas se vendan en Colombia para ser parte de PBS. Esto lleva a la necesidad de ampliar la oferta, pero esto lleva tiempo, porque la literatura científica sobre el cannabis medicinal casi no se crea, lo que es un obstáculo para las empresas farmacéuticas en el desarrollo de nuevos medicamentos a base de cannabis y su registro.
López dijo que Colombia podría seguir el ejemplo de Brasil, donde las empresas farmacéuticas tenían un período de gracia de cinco años durante el cual usaban un registro médico temporal que les permitía escribir recetas y obtener datos de él para literatura científica.
El experto argumenta que la llegada del gobierno de Gustavo Petro podría ser una oportunidad para salir de la incertidumbre que aún persiste. En particular, si materializa sus propuestas de transformación de la política de drogas. “Se están abriendo escenarios importantes a medida que la administración Petro implementa de manera integral estas ideas en el sector del cannabis medicinal. Y finalmente, se puede reflejar la esencia de la Ley 1787 de 2016, que fue, entre otras cosas, garantizar el acceso integral de la población al cannabis medicinal”.
A esto también se refiere el anestesiólogo Jaime Jaramillo, quien tras la despenalización creó, junto a otros compañeros de PENSAKANA, un centro de investigación del cannabis medicinal. A su juicio, el gobierno no aplicó estrictamente la ley y dejó lagunas legales y médicas que afectan principalmente a los pacientes. “Es importante que el gobierno aplique la ley como debió ser desde un principio, lo que significa un análisis económico, fijar precios máximos de venta, teniendo en cuenta, entre otras cosas, a todos los participantes de la cadena comercial”, reflexiona. .
López y Jaramillo coinciden en que dado el aumento significativo en el número de personas que buscan terapias alternativas y el rápido crecimiento de la industria, el gobierno tiene la obligación de aterrizar la marihuana medicinal no como una forma de despenalizar, sino como un problema de salud que podría tener consecuencias reales. consecuencias. sobre la vida de pacientes como María Ángela Villamil.
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