Gustavo Petro dio un paso más, y particularmente arriesgado, en su proyecto de traer la paz total a Colombia. Este jueves anunció que en los próximos días comenzará un cese al fuego multilateral entre el Estado colombiano y todas las organizaciones dispuestas a dialogar para llegar a acuerdos con el Estado. Esto significaría una reducción inmediata de la violencia, al menos con estas organizaciones, pero también sería un gran problema desde el punto de vista práctico, ya que los despidos requieren de mecanismos de verificación para monitorear cualquier acto de violencia y así saber si alguna de las partes ha acuerdo violado. . . .
“En unos días se va a plantear un tema público: la posibilidad de un cese al fuego multilateral, que sería el principio del fin de la violencia, con todos los que se adhieran a esa posibilidad”, dijo el mandatario en la sede de la misión. Colombia frente a las Naciones Unidas, frente al Parque Central de Nueva York, minutos antes de emprender el viaje de regreso a Bogotá luego de un sonoro discurso en la Asamblea General de esta organización. “En él participarán todos los que quieran un proceso de negociación con la justicia colombiana para eliminar las organizaciones criminales. Proponemos un alto el fuego, muerte, alto el fuego. Como se trata de una multitud de organizaciones, esto se llama cese al fuego multilateral”, precisó.
También se refirió a lo que pasará con las Fuerzas Armadas cuando se produzca el cese: “El Ejército trabajará llegando a territorios que antes no podía llegar, porque los territorios están controlados por organizaciones”, respondió a la pregunta. Esta respuesta va en la línea de lo que explicó el ministro de Defensa, Iván Velázquez, en una entrevista con EL PAÍS: “Hay gente que piensa que el ejército no puede actuar ahora, pero eso ni siquiera es un pensamiento”, explicó.
El miércoles, en una conversación con EL PAÍS, el presidente habló de su política de paz total. Dijo que la dialéctica, el diálogo es un buen acercamiento a la realidad. “Todas estas organizaciones con nombres que ya no alcanzan, un laberinto, enviaron cartas al gobierno pidiéndole que inicie negociaciones. Su camino es negociar beneficios legales con la justicia para que detengan sus actividades”, dijo. Esta es una propuesta muy ambiciosa. El senador Iván Cepeda, muy cercano al gobierno y uno de los impulsores de una política de paz plena, reconoció que la tarea es seria. “Vamos a jugárnoslo todo”, dijo a EL PAÍS, explicando que la intención es lograr un cierre definitivo del conflicto, a diferencia de procesos anteriores en los que se firmaron acuerdos con algunos militares pero no con todos. El centro de estudios Indepaz dijo que al menos 22 grupos están buscando unirse al proceso, incluidas guerrillas, grupos rearmados de las ex-FARC y bandas de narcotraficantes.
La rescisión propuesta crea grandes problemas que se suman a los ya causados por la propia propuesta. En las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, este fue uno de los puntos que más tiempo llevó negociar, ya que la mayor parte de las negociaciones se dieron durante el conflicto. Esto se hizo en el entendido de que la confianza entre las partes se fue construyendo paso a paso, de conformidad con el acuerdo. Esta confianza era un requisito para que cualquier alegación de incumplimiento de la terminación pudiera ser examinada en forma conjunta y dado que si se rompe el diálogo se perderá mucho avance. Al hacer esto al inicio de las negociaciones y con decenas de participantes, aumenta el riesgo de eventos violentos que dificultan el avance de los acuerdos.
Cómo se definen los controles de terminación, dónde se señalan las violaciones o quién es responsable de investigar estos hechos puede determinar si se logra la paz total. En el caso de las FARC, la misión de Naciones Unidas observó y verificó todo el proceso, que implicó concentrar a los combatientes de esa guerrilla en áreas bien definidas y bajo la protección de los mismos soldados que venían a combatir, para evitar que cualquier interesado en torpedear la proceso de atacarlos y destruir la confianza.
Además, el hecho de que el gobierno confirme la existencia de una política unificada para el tratamiento de varios actores armados puede reavivar la polémica surgida en los últimos días, cuando intervinieron el comisionado de paz Danilo Rueda y los líderes de uno de los grupos disidentes. Se descubrieron unidades extintas de la guerrilla de las FARC. Los dos principales representantes del gobierno de Santos en las negociaciones con las FARC, el ahora senador Humberto de la Calle y el ex comisionado de paz Sergio Jaramillo, han criticado públicamente esta medida, así como la posibilidad de entender que con la paz plena, los grupos criminales adquirirán poder político. estado. Más temprano, el Ejército de Liberación Nacional (EPL), única guerrilla histórica aún en activo, se quejó de ello, sintiéndose asimilada a las mafias criminales: “Bajo el ideal y consigna de la ‘paz total’. Ahora hablemos de ‘grupos ilegales’, entre ellos la ANO en este manto, buscando equipararlo en este cuadro con otras expresiones caracterizadas por rasgos diametralmente opuestos a los rebeldes”, escribió en una declaración pública.
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