Las nuevas relaciones entre Colombia y Venezuela implican también algunas exigencias a Caracas. El presidente Gustavo Petro prohibió oficialmente a Nicolás Maduro regresar al sistema de justicia interamericano, un organismo internacional al que podían acudir las víctimas venezolanas que no recibieron un juicio justo en los tribunales locales. El comandante Hugo Chávez se vio obligado a renunciar en 2013 luego de que la propia institución denunciara el deterioro de la democracia en Venezuela.
Según fuentes gubernamentales, Petro ahora quiere que Maduro dé un paso atrás y permita que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vuelva a tener jurisdicción sobre Venezuela. Esto significaría el regreso del gobierno chavista al control internacional y, de paso, sería un gesto hacia Estados Unidos, que observa con cierta aprensión el acercamiento de los países vecinos. Funcionarios estadounidenses no están cerrados a construir una nueva relación con el gobierno chavista tras años de bloqueo, pero creen que Maduro no ha dado los pasos suficientes para encontrar una salida a la grave crisis política y social que atraviesa el país desde hace siete años. . años. años. La integración a los sistemas de justicia y derechos humanos de los países vecinos se interpretará como una manifestación de la voluntad en este sentido.
Incluso como candidato, el presidente Petro intentó nuevas relaciones diplomáticas con Caracas. Los dos países se han dado la espalda desde 2019, cuando Iván Duque decidió apoyar a Juan Guaidó, el presidente alternativo de Venezuela. Petro cree, como muchos empresarios de ambos lados, que nadie se benefició de la falta de comunicación. Tender puentes con Maduro implica cierto riesgo para él, pues debido a su pasado partidista y la relación que ha desarrollado con Chávez, sus enemigos suelen tratar de presentarlo como un gobernante autoritario. A su juicio, Colombia no seguirá el camino del chavismo, pero Venezuela volverá a la democracia y la institucionalidad internacional. EE.UU. también espera que el presidente de Colombia sirva de puente para que el gobierno chavista regrese a la mesa de diálogo con la oposición en México, donde se trataba de llegar a un acuerdo para organizar unas elecciones presidenciales en 2024, en las que la oposición ha una verdadera oportunidad victoria.
Washington estará atento. El presidente Joe Biden ha tenido estrechos vínculos con Maduro en los últimos meses, especialmente en la búsqueda de una alternativa energética al gas ruso tras la invasión a Ucrania. Pero hasta el momento no se dedica a levantar sanciones al régimen chavista. La aerolínea estatal venezolana Conviasa tenía previsto iniciar vuelos en la ruta Bogotá-Caracas el lunes. Los burócratas colombianos pensaron que era suficiente que la empresa no repostara en territorio colombiano para cumplir con las sanciones, pero EE.UU. no ofreció concesiones y amenazó con actuar contra cualquier empresa que opere vuelos de Conviasa. Actualmente está en suspenso y ambos gobiernos están trabajando en el último minuto para encontrar una aerolínea que pueda reemplazarlo. Turpial Airlines aparece como segunda opción. Este primer vuelo entre Caracas y Bogotá está lleno de simbolismo.
Los desencuentros entre Venezuela y las decisiones tomadas por el sistema interamericano de derechos humanos comenzaron en 2010. Luego la CIDH presentó un informe en el que condenó el deterioro de la democracia en Venezuela. “Esto es la mafia, lo que hay. Instituciones como esa nefasta Comisión Interamericana de Derechos Humanos son la menor de las defensas de los derechos humanos. Es un organismo politizado que utiliza el imperio para atacar a gobiernos como el venezolano”, dijo Chávez en febrero de 2010 y ordenó a su cancillería prepararse para el retiro de tropas. No vio la conclusión, porque murió en 2013. Maduro dio el último paso él mismo.
La CIDH es el órgano encargado de asesorar y promover la observancia de los derechos humanos por parte de los Estados miembros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es la encargada de condenar a los gobiernos cuando los informes son insuficientes o no han atendido las recomendaciones. El sistema tiene una comisión como prefiltro de la corte, que permanece en Washington. Allí también se encuentra la OEA, que es la principal institución de todo el sistema interamericano, que Chávez condenó.
Venezuela tenía 16 veredictos en su contra antes de la retirada. Por ejemplo, por su responsabilidad en el asesinato de 18 pescadores a manos de los militares en 1908, o por sofocar un levantamiento popular diez años después conocido como El Caracaso. En todo caso, la Corte Interamericana fue el único tribunal que falló y condenó las más notorias violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela. Petro quiere que vuelva a ser así. La última palabra es de Maduro.
Suscríbete aquí al boletín EL PAÍS sobre Colombia y recibe todas las claves informativas de la actualidad del país.
