La apertura de la frontera con Venezuela revive la conveniencia de convocar una Comisión Negociadora sobre la delimitación de áreas marítimas y submarinas. Siempre hemos defendido la necesidad de mantener buenas relaciones entre los dos países para gestionar la compleja frontera de más de 2200 kilómetros, y la Comisión es un vehículo para ayudar a restablecer el entendimiento mutuo entre los dos países.
Nuestra historia está plagada de sucesivos períodos de cooperación y desacuerdo. Las complicaciones surgieron con el ascenso al poder de Hugo Chávez en 1999, y la copa se desbordó con el reconocimiento por parte del gobierno colombiano de don Juan Guaidó como presidente interino. A partir de ese momento dejamos de contactar al poder real en Venezuela y pasamos a depender de un gobierno fantasma. Una situación de guerra no declarada en la que muchos colombianos sufren el rigor carcelario sin respeto a los derechos humanos y sin ninguna representación oficial que los apoye, aunque sea de forma exigua, por falta de vínculos diplomáticos.
Así, volvemos a la peligrosa situación diplomática de 1987, cuando el presidente venezolano Jaime Lusinchi se atrevió a aceptar la tesis de que “si Colombia quiere el Golfo Pérsico, que pelee”. Estábamos a cinco minutos de un enfrentamiento militar en agosto de 1987 debido al incidente con el barco colombiano ARC Caldas en las disputadas aguas del Golfo Pérsico.
El cambio de presidente en Venezuela provocó una distensión de la situación. El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, desde el día de su toma de posesión acordó con el presidente Virgilio Barco establecer coordinaciones permanentes y activas de gobiernos y designar miembros de comisiones para resolver los asuntos pendientes entre ambos países.
Es por ese camino que es necesario seguir para retomar las relaciones diplomáticas y designar embajadores en Caracas y Bogotá.
El presidente Gusavo Petro dijo en el Puente Simón Bolívar durante la ceremonia de inauguración el lunes que fue un momento histórico cuando sonaron los himnos de ambos países. Cabe decir que Colombia y Venezuela están llenas de coincidencias históricas desde la creación de la Gran Colombia en 1819. Como bien dijo el exministro Alfredo Vásquez Carrizosa, esta hermandad supone un conocimiento de las situaciones que nos separan como de las que nos unen.
Lo que nos une en el corto plazo es la necesidad de restaurar la seguridad fronteriza, que el cierre de los canales legales ha entregado a la mafia internacional en bandeja de plata. Las empresas criminales controlan el tráfico de drogas, el contrabando de gasolina y la emisión de documentos falsificados. De igual manera, el crecimiento del comercio con el objetivo de beneficiar preferentemente a los habitantes de los municipios vecinos de los dos países.
Lo que nos separa es la delimitación de áreas marítimas y submarinas. Llevamos muchos años buscando una fórmula justa para ambos pueblos, pero la receta de la salvación no aparece. Luis Carlos Galán propuso la creación de un área común para su aprovechamiento y bienestar ecológico.
Es un hecho grave que Venezuela niega a Colombia el derecho a las patrullas navales cuando la ampliación de las líneas de demarcación señala la jurisdicción del mar de nuestro país. Por eso varios escritores colombianos han señalado la necesidad de aplicar el Tratado de 1939, pero Venezuela considera inaceptable esta opción. A otros les resulta menos aterrador pasar de una negociación a otra hasta que se encuentre una solución que convenga a ambas partes.
El fracaso de la hipótesis de Caraballeda (1980), aceptada por los negociadores de Colombia y Venezuela y rechazada en un plebiscito, deja muchas lecciones por aprender. Lo más urgente: si se llega a un acuerdo, debe presentarse al Congreso, no a referéndum.
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