La imagen de un grupo de campesinos y empresarios reclamantes de tierras en la Casa de Nariño, el palacio presidencial de Colombia, anunciando juntos una decisión judicial que les devuelve treinta años después es un símbolo de un país donde miles de personas han sido despojadas de sus tierras. El fallo judicial, anunciado este miércoles, devuelve tierras a los campesinos que han reclamado la propiedad de los terrenos donde se prevé construir un puerto caribeño, y abre una forma de resolución que reconoce a las víctimas y allana el camino para la construcción de la obra.
Para el gobierno de Gustavo Petro, que anunció la decisión, encabezada por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se trata de «un paso importante en una región como Urabá, históricamente conflictiva y marcada por la sangre», y un mensaje al mundo entero, no sólo para reparar a las víctimas, de no ser por un acuerdo de campesinos y empresarios para avanzar en el puerto, lo que habría dado empleo a miles de turbosanos en Antioquia. El afán por darle relevancia también muestra que la restitución, un tema que fue central en el discurso del gobierno de Juan Manuel Santos, vuelve a estar en la agenda colombiana con renovado vigor.
La orden de restitución de Turbo, Antioquia reconoce la condición de víctimas de seis familias de este municipio cuyos padres y familiares fueron despojados y asesinados por grupos paramilitares y agentes estatales en 1997. «, es decir, que se les entregue un bien de características similares a las que pidieron como restitución; pero también reconoce a la Sociedad Portuaria Turbo Paz como «propietario intermedio» porque compró el terreno de buena fe.
“Eso quiere decir que admite que ni Pisis es responsable de esos hechos de violencia de 1997, ni las víctimas eran falsas víctimas, sino de carne y hueso. Sus familiares fueron asesinados y sus niños y niñas maltratados, desaparecidos, desplazados y despojados de los terrenos en los que se construiría el puerto”, explicó Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, quien antes de asumir el cargo representó legalmente a las víctimas en el región.
Las primeras palabras fueron de las víctimas. “Venimos de un territorio que ha estado expuesto a un laboratorio militar durante décadas. Sobrevivimos al exterminio de la Unión Patriótica”, dijo Wanderle Quintero, vocero de los campesinos. Para ella, esta es una medida de reparación y reconciliación tras años de estigmatización y persecución por intentar recuperar sus tierras. “A través de una iniciativa de este tipo, es posible enviar una señal a la sociedad colombiana, a los empresarios, que sepan que pueden ayudar a reparar el daño, que cooperen con el Estado como parte de su responsabilidad o corresponsabilidad social”.
Construir un nuevo puerto para Turbo ha sido un sueño durante décadas en esta región, una de las más golpeadas por el conflicto armado que aún continúa. “Es un hecho histórico que las víctimas y nosotros como empresarios hayamos acordado desarrollar un proyecto así. Creo que esto nunca ha pasado en Colombia y esperamos que este evento sirva a la causa de la paz total porque vamos a generar unos 5.000 empleos”, dijo Teófilo Lemos, fundador de la empresa que construirá el puerto.
Para el gobierno de Peter, el mundo entero está pasando por una reforma agraria. Recientemente, el Ministro de Agricultura anunció la transferencia y registro de 680.000 hectáreas a los agricultores, y esperan transferir al menos tres millones de hectáreas. Ahora que se dan tomas de tierra y enfrentamientos en algunas regiones del país, buscan tomar iniciativas como la de Urabá para reducir el conflicto.
“El hecho de que en esta zona de conflicto exista una relación diferente, simétrica y respetuosa entre el sector privado y quienes son sometidos constantemente a la violencia es una señal para grupos armados como las Autodefensas Gaitanistas (o Clan del Golfo, que operar en este territorio). Estos sacrificios representan una oportunidad para que se unan y avancen hacia el estado de derecho. El uso de la fuerza ilegal y el poder que tejen en estos territorios empieza a parecer innecesario”, dijo Rueda en declaraciones a otros grupos armados.
El Alto Comisionado anunció que, hasta el momento, al menos diez organizaciones armadas y del crimen organizado han “expresado su voluntad de formar parte de la paz mundial”, entre ellas disidentes de las FARC como el llamado Estado Mayor Central; Segunda Marketalia, AGC o Clan del Golfo; un poquito Oficinas delincuencia en varias ciudades y las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. “Cada grupo, con su propia identidad, carácter y motivación, expresa su voluntad de ser parte del mundo completo. En esta etapa de inteligencia se les pidió que no maten, que no desaparezcan, que no torturen, y vamos para adelante”, dijo.
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