Con el fin de evitar sesgo político y venganza por el cambio de instituciones políticas, el pleno del Congreso de Nuevo León aprobó por unanimidad la iniciativa de reforma Ley de Coordinación del Tesoro, promovido por el PAN y el PRI para que la participación y los aportes federales municipales sean enviados dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción.
En el siguiente pleno, donde todos hablaron a favor, se aprobó la iniciativa presentada el martes por los coordinadores del PAN y el PRI, Carlos de la Fuente y Heriberto Treviñoen consecuencia, para que los recursos se mantengan mensualmente durante los primeros 5 días hábiles del mes, publicando información trimestralmente en el Boletín Oficial del Estado.
Sin embargo, si la información final no está disponible, se distribuirá con anticipación y se actualizará cuando la información final esté disponible.
“Los municipios están obligados a abrir anualmente cuentas bancarias especiales y productivas para el manejo de los recursos estatales y federales, y a informar al Secretario de Hacienda y al Tesoro del Estado sobre estas cuentas, lo cual deberá ser informado en un plazo no mayor de 5 días naturales a partir de el inicio del ejercicio, mientras no hagan tal aviso, los recursos no podrán ser transferidos”, enfatiza el dictamen.
Brindar estos servicios públicos en un estado como Nuevo León, que tiene más de 5.3 millones de habitantes, según datos INEGI Censo de Población y Vivienda 2020además de los municipios de la periferia, cuyo crecimiento ha sido exponencial en los últimos años, y de los municipios en general que deseen brindar servicios de calidad a sus habitantes, requiere que las administraciones públicas municipales garanticen el acceso oportuno a los recursos necesarios para sus actividades.
Y aunque retuvieron al tesorero, se agregaron cláusulas de circulación ciudadana en el sentido de que un organismo que no está en condiciones de brindar la participación federal y las contribuciones correspondientes a los municipios, falta la que establece el artículo 57 de la Ley de Funciones Administrativas del Estado de Nuevo. León, que deberá ser investigado y sancionado por la Auditoría Superior del Estado.
Es importante señalar que Heriberto Trevigno, PRIpresionó para que el caso avanzara sin problemas.
La iniciativa ha sido trasladada con carácter de urgencia y este Decreto entrará en vigor el próximo miércoles.
Traductores Indígenas Aprobados
En una votación unánime, el pleno del Congreso local aprobó una reforma por la cual la Secretaría de Igualdad e Integración del Estado designa más intérpretes para los trámites de las comunidades indígenas y afromexicanas residentes en Juárez y varios municipios fuera de la capital.
En pleno ordinario, a pedido del diputado local priísta Ricardo Kanawati, se reformaron el Código Penal, el Código de Procedimiento Civil y la Ley de la Defensoría Pública en materia de derechos de los pueblos indígenas, por considerar necesario cambiar Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas en el Estado de Nuevo León.
“Hay una base de datos que dice que hay 18 traductores certificados por el gobierno federal, se necesitan más traductores y están disponibles de más maneras, por lo que no tienen que ser presenciales sino también digitales.
“Los que están certificados por el instituto son mayores de 18 años, en su mayoría comunidades que viven en Juárez y otros municipios periféricos como García, según organizaciones cívicas, en Nuevo León viven más de 77,500 personas”, dijo Canavati.
El artículo 18 establece que Los pueblos indígenas y afromexicanos tienen derecho al acceso efectivo a los servicios de salud física y mental, así como el acceso a la asistencia social sin discriminación alguna y preferentemente se brindará en su idioma y con la adecuada asesoría, dicha consulta podrá realizarse mediante herramientas digitales.
En los procesos penales, civiles, administrativos o cualquier proceso diseñado para tomar la forma de un juicio, las agencias gubernamentales son responsables, dijo Kanawati, y si interviene un indígena o afromexicano, contarán con un abogado o defensor público y un intérprete. que conoce su lengua y cultura.
“Este traductor podrá ayudar, utilizando herramientas digitales, a garantizar plenamente el derecho de acceso a la justicia. Los jueces y tribunales deben tener en cuenta el estatuto local del acusado.
“Debemos darle prioridad a la tecnología de la información, que está a la vanguardia, ya que debe ser utilizada como un recurso importante, ya que es un medio de comunicación”, dijo.
