El Poder Ejecutivo designó este jueves a un abogado Javier Wilfredo León Mansisidor cual fiscal general del estadoreemplazando a María Aurora Caruajulca Quispe.
Decreto Supremo N° 189-2022-JUS publicado en el Boletín “Normas Jurídicas” del Diario Oficial. hombre peruanoel nombramiento fue rubricado oficialmente por el Presidente de la República, Pedro Castillo, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Cero Medina.
Uno de los enunciados de la disposición establece que conforme a la Ley N° 29158, el Presidente de la República “podrá remover a los propietarios, jefes, presidentes o miembros de las juntas directivas o directores de los organismos públicos, con excepción de los órganos reguladores que actúen por cuenta propia”. del poder ejecutivo.
León Mansisidor fue asesor del diputado fujimorista Carlos Tubino de 2012 a 2013. Según una investigación realizada Comercio En 2013, la décima fiscalía penal provincial de Lima investigaba a un flamante Fiscal General por presunta malversación de fondos para delinquir, falsificación de documentos y fraude procesal a favor de Fernando Zevallos (alias «Lunarejo»), expropietario de Aerocontinente. . delitos relacionados con el blanqueo de capitales y el tráfico de estupefacientes.
notación de preguntas
El abogado constitucional Joseph Campos, abogado defensor de Daniel Soria, explicó que María Aurora Caruajulca fue despedida porque «no cumplía con los requisitos», lo que generó una «situación inexistente» con su nombramiento, ocurrido en febrero pasado.
En una entrevista con Extensión de noticias de PTRseñaló que con la designación Caruahulca QuispeEl gobierno buscó «mantener cierto nivel de impunidad presidencial» ya que «nunca ha condenado al» presidente Pedro Castillo «a pesar de las diversas situaciones de las que ahora tenemos conocimiento».
Joseph Campos también destacó las quejas sobre Javier Wilfredo León Mansisidor. “Lo único que hace este señor es quebrar la institución. No sé si fue condenado o no, pero si está o estuvo investigado en esas circunstancias, creo que no le da ninguna garantía a la institución de que fue creada específicamente para que no dependa de los gobiernos”. él dijo.
“El gobierno realmente está en un deseo abierto de destruir la única institución creada para que los abogados no sientan que el ministro es su jefe. [de Justicia y Derechos Humanos]pero tienen obligaciones con el Estado”, agregó.
