Saudi Muchaviso, gobernador del Resguardo Indígena Rumiñavi (Cauca), visitó este martes Bogotá. La culminación de casi veinte años de lucha fue cuando recibió de manos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la propiedad de las tierras en las que vive su comunidad. En 1997, doce familias Inga compraron 1.222 hectáreas en el municipio de Piamonte a un colono mestizo luego de sorteos y eventos de recaudación de fondos. El problema era que formalmente la tierra no le pertenecía. Inga ha estado tratando de resolver la situación desde 2003, pero la burocracia y la falta de asistencia del estado interfirieron con este proceso.
El primer intento en 2003 fue con la Asociación Nukanchipa Atunkunapa Alpa. Fracasó antes de comenzar porque era un proceso asociativo con otras comunidades que no entregaron los documentos requeridos o los entregaron de manera incompleta. Una gran oportunidad llegó en 2010 de la mano de Argosy Energy International (hoy Gran Tierra Energy), una empresa petrolera que quería realizar un proyecto de prospección sísmica en la zona. La comunidad acordó sancionar la iniciativa a cambio de asistencia en los trámites para la emisión del resguardo, la propiedad colectiva protegida de los pueblos indígenas.
El proceso comenzó ese mismo año con una resolución del Ministerio del Interior de Colombia que confirmaba la viabilidad del resguardo, pero los obstáculos duraron toda una década. Muchaviso explica que en 2013 el Estado les notificó que no contaban con los recursos técnicos necesarios para realizar un levantamiento topográfico, que es uno de los requisitos para avanzar en los trámites. En 2018, la ANT les dijo que debían postularse en Popayán, la capital del Cauca, pero las autoridades del resguardo no lo hicieron.
El caso del Resguardo Rumiñavi no es un caso aislado, a pesar de que los derechos de los pueblos indígenas están reconocidos en la Constitución Política de Colombia. El martes, el gobierno tituló las tierras de nueve comunidades más, por un total de casi 300.000 hectáreas. Presentó el evento como el primer paso de la reforma agraria prometida por el presidente Gustavo Petro en el marco del primer capítulo de los acuerdos de paz con las FARC. Varios representantes de la comunidad destacaron en el evento que había sido una lucha larga. El nuevo director de la ANT, Gerardo Vega, admitió que el proceso fue «tortuoso». “Esto se debe a la falta de voluntad de reconocimiento de derechos”, dijo, en clara crítica a las administraciones anteriores.
Entre los principales problemas están la burocracia, la falta de recursos técnicos para ayudar a las comunidades y la violencia en algunas partes de Colombia. Miembro de la Asociación Indígena Gobierno Mayor, Edouard Imbachi señala que hay comunidades que llevan más de 40 años esperando. El Estado no ha programado la visita técnica necesaria para adelantarlos porque no hay especialistas disponibles o porque el acceso a los territorios es peligroso. Imbachi señala que especialmente en el sur del país hay una gran cantidad de títulos coloniales que aún no son reconocidos. A su juicio, a la voluntad política debe sumarse la cooperación con organizaciones no gubernamentales que aporten los recursos técnicos necesarios.
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La Reserva Rumignavi, hogar de 202 personas de 64 familias, pudo avanzar en este proceso cuando se involucró el Equipo de Conservación de la Amazonía (ACT), una organización no gubernamental asociada con la ANT. Saudi Muchaviso señala que en 2020, ACT les ha enviado los especialistas necesarios para seguir adelante. Aunque la pandemia ha ralentizado los trámites, recibieron su permiso de propiedad de la tierra en junio de 2022, antes de que Petro asumiera. La decisión fue tomada por la junta directiva de la Agencia Nacional de Tierras, que incluyó delegados de 11 agencias gubernamentales, incluidos los ministerios de justicia, agricultura, medio ambiente y asuntos internos. No hubo inscripción en el Registro de Instrumentos del Estado, el procedimiento formal para determinar quién es dueño de la propiedad, lo que sucedió bajo el nuevo gobierno.
La coordinadora del Programa de Tierras de ACT, Linda García, explica que la visita técnica necesaria que le garantizan a Rumiñavi incluye aspectos como realizar un censo, estudiar cómo se está utilizando la tierra e identificar conflictos con los vecinos campesinos. Luego están los estudios socioeconómicos, legales y topográficos, para los cuales, según García, el Estado no cuenta con las herramientas necesarias. En el caso del resguardo de Rumiñavi, era importante establecer que las tierras originalmente pertenecían al estado colombiano.
ACT argumenta que las ONG son importantes para garantizar que los casos se mantengan bajo revisión constante frente a la rotación de personal que se observa en el estado. Sin embargo, García señala que la participación de ACT en el caso de la Reserva Rumiñavi se debe a que fue una oportunidad estratégica para una organización creada para proteger la selva tropical. Esto se debe a que en este lugar los indígenas son los “custodios” de un área de gran biodiversidad que se cruza con parte del Parque Nacional Serranía de los Churumbelos, ubicado en el sur de Colombia. “Sabemos que las comunidades étnicas son más amigables con los recursos naturales que otras, que a veces están fuera de la ley”, dice.
El director de la ANT, Gerardo Vega, sostiene que la voluntad política es más importante que los medios técnicos para acelerar estos procesos. Sin embargo, en su gabinete admite que «deberían simplificarse los trámites» y promete que el gobierno va a depurar la burocracia, lo que implica que la decisión final la debe tomar una junta directiva, integrada por delegados de 11 organizaciones. Explica que, por el contrario, la decisión de un sujeto especializado en esta materia, el Ministerio del Trabajo, es suficiente para crear un sindicato. Por otro lado, los resguardos indígenas están sujetos a largos trámites en diversas instancias. “Esta gente, para la que nunca se ha hecho una reforma agraria, debería tener los mismos derechos para unirse y defender sus derechos”, señala.
Vega también argumenta que es necesario delegar autoridad a las oficinas regionales, lo que agilizará los procesos. “El tema de la tierra está en los departamentos, tiene muy poco sentido hacerlo desde Bogotá. Hay un conflicto, debemos movernos”, enfatiza. La acción, sin embargo, tuvo lugar en la capital. Vega explicó durante la entrega que querían hacerlo en Leticia (Amazonas), pero eso no fue posible porque el día señalado tenía que asistir al Congreso para explicar el fenómeno de la invasión terrestre. Según Vega, el presidente Petro cuestionó su decisión de darle prioridad a la Asamblea Legislativa: “Dijo que la próxima vez iremos e invitaremos a la Cámara a reunirse allí. Y tiene razón».
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