La causa penal contra el expresidente Álvaro Uribe por los hechos de fraude procesal y cohecho de testigos estuvo enredada durante dos años y dos meses. Desde que la Corte Suprema ordenó su prisión preventiva en agosto de 2020 —fue puesto en libertad dos meses después— nada ha cambiado. La fiscalía, encabezada por Francisco Barbosa, convirtió el caso en un proceso interminable, enfocado en tratar de llevarlo a los tribunales. Lo intentaron dos veces, con dos abogados delegados diferentes, pero con el mismo Barbosa como Fiscal General. Volvieron este lunes a buscar el cierre de una investigación en un juicio que promete durar varios días y que vuelve a poner en el centro al expresidente, ahora único líder visible de la oposición al gobierno de Gustavo Petro. atención.
“Comenzaré de nuevo con esta tortura”, dijo Uribe horas antes de un segundo intento de los fiscales de demostrar su inocencia luego de que otro tribunal desestimara su denuncia el 27 de abril. El nuevo fiscal del caso, Javier Cárdenas, quiere demostrar que el expresidente no presionó a los testigos e insiste en detener este proceso. “Volveré a comenzar esta tortura, creada por la suposición de que estoy comprando testigos, por un comportamiento contrario a mi estilo de vida militante. Todo por la furia de un exfiscal, la parcialidad de un magistrado y la presión de un socio narcotraficante impune”, tuiteó Uribe antes de la audiencia del lunes.
Uribe sacrificó su escaño en el Congreso para evitar que la Corte Suprema, el máximo tribunal, investigara su caso. El expresidente renunció a su escaño en el Senado, al que llegó con la mayor cantidad de votos, en el mismo mes en que se emitió la orden de captura, en agosto, hace dos años, y logró mantener su caso en vía amistosa. manos, como él condenó. el periodista de investigación Daniel Coronell, quien reveló la estrategia de persecución de Barbosa para evitar que el proceso avance. La autoridad investigadora argumenta su persistencia en este caso en que se configuraron las causales de exclusión de “conducta atípica e imposibilidad de refutar la presunción de inocencia”; es decir, es imposible probar que Uribe cometió delitos y las dudas pesan a su favor.
Las audiencias judiciales, que comenzaron prácticamente por la pandemia y continuaron dos años después en la misma modalidad, se caracterizaron por su extensión, la ausencia de hechos graves y las dificultades de la virtualidad: señal interrumpida, audio que no son ellos. Escuchar. Poco se ha dicho sobre el fondo del caso, que se remonta a 2012, cuando Uribe presentó ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia contra el senador Iván Cepeda por una supuesta conspiración con falsos testigos en las cárceles para reclutarlo en actividades paramilitares. En 2018, el tribunal revocó el caso: se abstuvo de procesar a Zepeda y en su lugar presentó un caso contra Uribe por sospechas de que él y sus abogados manipularon testigos para retirar los cargos en su contra y acusar al senador Zepeda de ser quien los obligó a meterse con Uribe.
La investigación, que pretende establecer si personas cercanas y bajo la autoridad del expresidente pagaron dinero y ofrecieron beneficios legales a exparamilitares para desmentir acusaciones tan graves como la creación de un grupo paramilitar en una finca de la familia Uribe , Sin progreso. Después de varias horas de audiencias, su estrategia de defensa funcionó porque tomó tiempo para debatir si presentar un caso o no.
Una denuncia inicial de testigos como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, a quien los abogados y fiscales del expresidente intentaron desacreditar, indica que en la hacienda Guacharacas de la familia Uribe se formó un grupo de autodefensas en la década de 1990. cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia. Monsalve, quien se negó a comparecer ante la fiscalía por considerarla “parcial y tendenciosa”, dijo que le ofrecieron beneficios a cambio de declarar a favor del expresidente.
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El primer intento de salvar a Uribe en este juicio fue rechazado por un juez penal, quien en abril del año pasado consideró que no había argumentos convincentes para cerrar el caso. Luego, los fiscales argumentaron que hubo errores en el manejo de la evidencia y que la investigación podría haberse hecho mejor, pero no pudieron persuadir al sistema de justicia para que aceptara su solicitud y presentara un caso. Esta vez, la fiscalía insistió en nuevos testimonios. Uno de los escuchados en la tarde de este lunes fue el exministro de Agricultura Uribe Andrés Felipe Arias, condenado en el caso Seguridad de Ingreso Agro, uno de los episodios de corrupción más sonados durante su presidencia. Arias dijo que él mismo le advirtió a Uribe que había presos en Estados Unidos que señalaron un plan de exparamilitares para montar un montaje contra la familia Uribe.
Se espera una insistencia en llevar el caso del expresidente a los tribunales mientras se mantenga Francisco Barbosa al frente de la fiscalía, que no parece cejar en la lucha por demostrar la inocencia de Uribe y evitar que sea juzgado.
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