Decano del Colegio de Abogados de Lima (LIMA), César Bazán Naveda, cree que «se formó la dirigencia» en el Poder Ejecutivo con el fin de interferir en la función investigativa de la «fiscalía y «desaparecer pruebas» que pudieran preocupar al presidente castillo de pedro en cometer un delito.
En una entrevista con Extensión de noticias de PTRIndicó que la ministra de Estado, Patricia Benavidez, interpuso una denuncia de inconstitucionalidad contra la mandataria en el Congreso de la República por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y concierto para delinquir para permitirle continuar con la investigación.
“Pero el problema surge en el artículo 117 de la Constitución, que solo permite interponer denuncias en cuatro casos específicos”, dijo el decano del Colegio de Abogados de Lima.
«No se puede proteger absolutamente a nadie»
Según esta regla, el presidente “sólo puede ser acusado durante su mandato de alta traición; por obstrucción de elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolver el Congreso, salvo lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución, e impedir su convocatoria o funcionamiento, así como el Jurado Nacional de Elecciones y demás órganos del sistema electoral.
De acuerdo a César Bazán, este artículo de la Carta Magna «no puede llevarnos al punto del absurdo». «¿Qué tiene eso de absurdo? En este caso: que tenemos una persona que está siendo investigada, que se han encontrado suficientes motivos para creer que ha cometido un delito, pero que no puede ser sancionado; es decir, permitirá no juzgar a una persona que pueda ser un delincuente”, dijo.
“[La fiscal de la Nación] No es infundado en el sentido de que absolutamente nadie puede ser protegido y mucho menos alguien que ejerce una función pública que le puede permitir ocultar pruebas”, agregó.
