Esta semana, Gustavo Petro mencionó quién podría ser su nuevo enemigo. El mandatario, que ahora se reúne en silencio con sus viejos rivales -Álvaro Uribe, Rodolfo Hernández, ganaderos-, dijo en su discurso que aún existe un gran enemigo que podría socavar su ambiciosa propuesta de cambio social y político. Sin embargo, este nuevo enemigo no tiene forma humana.
“El primer obstáculo para un gobierno es su propio interior: sus reglas, procedimientos, creados y escritos a través de reglas durante décadas por personas que pertenecían a estratos sociales que no son exactamente los que nos dieron la victoria”, dijo Piotr. público mayoritariamente indígena en el departamento del Cauca. “Hay decretos emitidos por terratenientes a lo largo de los siglos, hay decretos emitidos por privilegiados del Estado, a quienes éste ha enriquecido mucho, cuyos nombres aparecen una y otra vez en la historia nacional. Reglas creadas por ellos, a su conveniencia. Y no uno, no dos, podríamos encontrarlos y cambiarlos fácilmente. Hay miles de ellos.» En el discurso se mencionaron otros enemigos —la violencia, los funcionarios corruptos—, pero ninguno se destacó tanto como el nuevo enemigo interno.
Esto fue seguido por tres lecturas de esta parte de su discurso. Primero, el presidente sí habló de alguien en particular que no quiso nombrar, como el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, a quien le cuesta encontrar dinero para reformas. Pero el presidente refutó a un periodista que compartió esta versión en Twitter: no se trataba de una persona específica, dijo, sino de un conjunto de reglas “para proteger poderosos intereses privados”. Uno de sus mayores escuderos, el senador Iván Cepeda, salió en su defensa: “Nuestro “enemigo interno” es el fetichismo jurídico, el culto a los aparatos burocráticos, el formalismo paralizante”.
Hay otras lecturas más complejas sobre el nuevo enemigo interno del presidente Petro, el primer izquierdista de Colombia, que entiende el cambio no solo como un conjunto de reformas legales -por ambiciosas que sean- sino como un camino que combina voluntad política con un movimiento de masas. Lo que Pedro recitó con vehemencia en Cauca no fue un ataque al ministro, sino una explicación de cómo su gobierno entendía el fetichismo jurídico.
El fetichismo legal, ampliamente definido, es un concepto que cobró impulso en el siglo XX y está asociado con la aplicación excesiva de normas para lograr el cambio social. En la vieja versión de la izquierda, las leyes, como explica Juliette Lemaitre, debían ser «parte de la superestructura, la ley fluiría de las relaciones de producción, y por eso sería neoliberal, formalista, protegería los intereses .» El legalismo no sería una gran herramienta de cambio, sino una fachada puesta por los poderes para evitar que la violencia se vea y transforme.
Lemaitre, actual Juez Especial de Paz, habló con EL PAÍS sobre este caso como académico y autor del libro. El derecho como hechizo: fetichismo legal, violencia y movimientos sociales (2009). Explica que esta visión del fetichismo jurídico carecía de una visión más estructural. “Si piensas que la ley se crea solo por la fuerza, ¿por qué tanta gente que no tiene acceso al poder se preocupa por los derechos humanos? ¿Por qué exigen cosas tan intangibles como la dignidad y la igualdad de trato? Los juicios a mujeres, indígenas o afrocolombianos en la historia de Colombia, por ejemplo, desencadenaron una movilización y denunciaron injusticias. Desde ese ángulo, no es solo un fetiche de los poderosos. Las leyes se convertirán en un espacio más amplio y complejo que un simple patio de recreo para las élites.
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Cada gobierno promete cambios, pero cada gobierno puede tomar diferentes caminos para lograrlo. Un gobierno como el de Petro, fiel a sus raíces de izquierda, entiende el cambio social como la vía más rápida para que los ciudadanos accedan a los medios de producción ya la riqueza. Un gobierno como el de Juan Manuel Santos (2012-2018), de corte liberal, entendió el cambio más por reformas legales, porque entendió que “las sociedades cambian por las personas si son libres, y para ser libres deben tener derechos «. “Para protegerse de los que están en el poder”, explica Lemaitre.
El senador Iván Cepeda, quien se convirtió en intérprete de las propuestas del presidente, explica la diferencia cuando habla de un país que parece tener más abogados que ciudadanos. “Queremos solucionar problemas cotidianos, y vemos que todo cae en la inercia burocrática y legal. Una cosa es respetar la Constitución y las leyes, y otra reconocer que los problemas políticos, sociales y económicos deben resolverse exclusivamente por la vía legal”, dijo Cepeda a EL PAÍS. Un cambio que requiere menos minutos y largas discusiones en el Congreso para lograr el cambio.
La reforma rural es un buen ejemplo de cómo Peter ve el cambio de manera diferente a alguien como Juan Manuel Santos, quien impulsó un nuevo marco legal de restitución de tierras en su gobierno. “Hay abogados que nos están tratando de decir que hay que seguir arando en el desierto, que es mejor que la tierra sufra extinción de dominio, como si hubiera un juez que fuera a tomar estas decisiones rápido, y esto no pasa en la vida real”, dice Sepeda. El gobierno de Petro no descartó la posibilidad de restitución de los jueces que devuelven tierras a los desplazados. “No vamos a renunciar a la justicia agraria”, aclara el senador. Pero ante el cambio, Cepeda y Petro acordaron comprar 3 millones de hectáreas a los ganaderos lo antes posible para iniciar la reforma agraria antes de esperar a que todos los jueces decidan, lo que podría llevar más de diez años. “No queremos más complementos legales. Sin violar la Constitución, queremos que se completen las vías”, dice Zepeda.
Este nuevo discurso presidencial está en tercera lectura. Esteban Restrepo, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Los Andes, teme que estos discursos avancen «argumentos populistas» si se colocan por encima del estado de derecho. El riesgo es que la voluntad de cambio del gobernante pase a ser más importante que el respeto a las consideraciones legales exigidas por la Constitución y las leyes.
“La preocupación es esta: si dicen que quieren hacer cambios, y que hay leyes y procedimientos que se los impiden, ¿a qué lleva eso? ¿Establecer caminos no oficiales? ¿O reformar las leyes? Me preocupa que de esta manera vamos a decir que este proceso de cambio es tan radical que ni la Constitución nos va a ayudar”, dice Restrepo. “Las leyes no son perfectas, pero comprender esto implica lealtad a los procedimientos, a la deliberación. Si los jueces no cometen errores [en el caso de tierras]¿No sería mejor reformar este sistema de justicia? El cambio es posible con instituciones, y sí, es cierto que las instituciones tardan en funcionar, pero el cambio lleva tiempo”.
Gustavo Petro dice que no tiene tiempo. “Estamos perdiendo el tiempo, el tiempo que no tengo, si algo le falta a este gobierno, entonces este es el tiempo, cada segundo es un segundo menos”, dijo el presidente en Cauca. “¿Por qué no cambiamos la historia de Colombia en cuestión de días, y entonces la siguiente fase de los próximos cinco siglos no será de resistencia, sino de construcción de humanidad?”.
Los cambios están en quinta marcha en este gobierno, no hay tiempo en primera marcha. La necesidad social de cambio es un peso enorme que lleva el presidente Petro, lo que explica por qué el legalismo a veces se ve más como un freno que como un acelerador. Pero la urgencia es un arma de doble filo. Una reforma legal mal discutida o una pequeña consulta de política pública aún podría terminar en los tribunales. En este caso, el verdadero enemigo de Pedro será su celo.
Hay otra lectura del nuevo enemigo interno de Petro, y es que cayó en el error de sus antecesores: entender los problemas de Colombia en términos de amigos y enemigos. El informe de la Comisión de la Verdad, que analizó el alcance de la guerra, habló de la importancia de desmantelar al supuesto «enemigo interior» que había generado décadas de violencia. “A partir de la década de 1960, la doctrina del enemigo interior estaba firmemente arraigada en la cultura”, dice el informe. Las FARC construyeron un enemigo interno en los empresarios, los militares o paramilitares lo vieron en los partidos de izquierda. El presidente es muy consciente de lo destructivo que era este enemigo imaginario, y su enemigo interior en este caso no es una persona. Pero esto no le impidió buscar en el discurso político otra forma de enemigo interno.
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