“Llegó el momento de cerrar las brechas que como sociedad aún no hemos podido superar. En primer lugar, propongo hacer efectivos los derechos sociales como Estado para incluir a todos en un desarrollo justo y sostenible”. Unas palabras que suenan a político, activista, político progresista o al menos liberal. Unas palabras que sirvieron de antesala para que en tres horas el Senado elija a Juan Carlos Cortés como Magistrado del Tribunal Constitucional con 84 votos de 108 posibles. Con él, la Corte tendrá una sólida mayoría liberal, apoyando al gobierno de Gustavo Petro en muchos temas.
Cortez, al igual que sus compañeras de equipo Sonia Telles y Bárbara Talero, habló al inicio de la sesión plenaria del Senado el martes. Este discurso, más que para determinar los votos de las bancadas, que ya sabían a quién apoyarían, suele ser útil para priorizar candidatos. El nuevo juez, que dice que desde 1990 «ha viajado por la política y el derecho a favor de la justicia y el cambio social», lo deja especialmente claro, con puntos de clara superposición con el espíritu de la mayoría de los tiempos.
“Estamos en un momento de profunda transformación institucional”, dice, y lo compara con 1990-1991, cuando una especie de revolución silenciosa produjo la constitución actual después de más de 100 años de otra; procesos de paz con los partidos M-19, EPL y CRS; un cambio significativo en la política económica con la llamada apertura y reducción del papel del Estado; e incluso una breve tregua con el cártel de Medellín liderado por Pablo Escobar, quien libró una guerra sangrienta con el Estado. Esta valoración de este momento es análoga a la valoración del gobierno del cambio.
Cortés también habla positivamente de las protestas sociales de los últimos años. Dice que el país avanza hacia una democracia deliberativa: “Lo he vivido en las calles de las ciudades y del campo, cuando los ciudadanos protestaban y buscaban el cambio, buscaban y trataban de consolidar la protesta en un ambiente pacífico y constructivo”. También hizo un guiño a otros términos centrales del discurso del presidente, como el diálogo social («Entiendo la democracia como un gobierno de la diferencia por la dignidad, en el que el gobierno y las decisiones públicas se toman dialogando, de común acuerdo») o la paz plena (hay que «arreglar la deseada paz integral»).
Además, la nueva juez se revela feminista: “Estoy convencida de la necesidad de deconstruir las prácticas patriarcales”, “Tenemos una cruzada para acabar con todas las formas de violencia, exclusión o desigualdad contra las mujeres”, defensora de la inclusión ( sugiere “incluir a todos en un desarrollo justo y sostenible”) e incluso ambientalistas (“hemos afectado tanto a nuestro planeta y a los seres que lo habitan que vamos irracionalmente a la extinción, por lo que la prioridad del Estado es lograr una garantía de los derechos de la naturaleza”).
En todo esto, Cortés se adhiere a una ideología que en Colombia ha sido descrita como liberal, no de izquierda. Cortés fue un abogado liberal durante toda su vida profesional. Por ejemplo, de 1994 a 1997 fue Secretario General de la Fiscalía cuando era Fiscal General del entonces Liberal Alfonso Valdivieso; el Viceministro Liberal de Empleo Rafael Pardo de 2013 a 2015; o vicefiscal, pero ante el asesor en la Asamblea Constituyente, en la Agencia de Protección Legal y en el Ministerio del Interior del liberal Fernando Carrillo. Además de estas posiciones, el nuevo juez ha defendido constantemente propuestas lideradas por figuras de origen liberal, desde defender el Acuerdo de Paz que el presidente Juan Manuel Santos firmó con las FARC en 2016, hasta iniciativas como la creación de un servicio público de empleo. defender la ley de víctimas y la restitución de tierras.
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Así, en la Corte se ve como el fortalecimiento de un grupo de magistrados con tendencias liberales, al margen de los matices que le den las instituciones educativas, énfasis o puntos de discordia. Este grupo incluye a Diana Fajardo, la única jueza que votó por la despenalización irrestricta del aborto; Natalia Angel, una estudiosa de la desigualdad que lleva varios meses en los tribunales; José Fernando Reyes, juez de carrera y representante de la mayoría liberal en el Poder Judicial; Alejandro Linares, progresista en temas sociales y más clásico en temas económicos; y Antonio Lizarazo, quien estuvo involucrado en la política del Nuevo Liberalismo y formó parte del grupo de asesores del Comisionado de Paz de Santos, Sergio Jaramillo.
Con Cortes se asegura una sólida mayoría liberal en una institución que, en sus 31 años de existencia, ha sido fundamental para llevar la estabilidad institucional al país así como el progreso social. Entre muchas otras decisiones notorias, prohibió la reelección de Álvaro Uribe; cercenó las normas más autoritarias de varios gobiernos, por ejemplo controlando estrictamente el uso del estado de emergencia en un país que había vivido bajo estado de sitio durante décadas; o defender los derechos de grupos vulnerables, desde minorías étnicas hasta niños, madres cabeza de familia, víctimas del conflicto o presos.
Este es el legado que reclama Cortez. “El papel de la Corte ha sido importante en muchos temas: el reconocimiento de la autonomía individual, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la libertad de expresión, la participación de las víctimas, la institucionalización de un acuerdo de paz, el fortalecimiento de la justicia, el reconocimiento de la población afrocolombiana, comunidades étnicas e indígenas, el medio ambiente”, dijo este martes en el Senado. Y es un legado que, si el Senado sigue eligiendo a los magistrados de este tribunal, seguirá caracterizando a Colombia.
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