Los datos son alarmantes y provienen de un informe elaborado por varias agencias de la ONU. En Colombia, más de 400.000 niñas y adolescentes se casaron en 2020, algunas de tan solo 10 años y generalmente hombres mayores, con un promedio de seis a diez años. Uno de cada cinco jóvenes de 15 a 19 años se casó este año: podría hacerlo, ya que el Código Civil permite que las personas mayores de 14 años se casen con el permiso de sus padres o tutores legales. Pero también lo hizo una de cada 50 niñas entre las edades de 10 y 14 años, un estimado de 32,000 menores. Además, entre 2010 y 2020, más de un millón de niñas y adolescentes se convirtieron en madres.
Colombia es uno de los seis países de América Latina y el Caribe, junto con Argentina, Cuba, Guyana, Angula y San Cristóbal y Nieves, que permiten el matrimonio infantil hasta los 16 años. Y aunque se han aprobado varios proyectos de ley en los últimos años para eliminar la práctica, todos han sido archivados. Unicef explicó en la presentación del informe que algunos parlamentarios apoyaron su negativa alegando la «libertad de distinción» de los adolescentes.
Este argumento asume que todas las niñas tienen la misma libertad para decidir, lo cual está lejos de la realidad en la región más desigual del mundo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reconoció que el matrimonio infantil y las uniones tempranas son «fenómenos complejos» vinculados a muchos otros factores como la desigualdad de género, la violencia, la pobreza, la deserción escolar o «políticas inadecuadas o insuficientes». Esto significa que estas prácticas afectan desproporcionadamente a niñas y adolescentes de zonas rurales, comunidades indígenas, hogares en situación de pobreza y con menor acceso a la educación.
Como muestran los datos sobre los matrimonios de menores de 14 años en Colombia, la prohibición no garantiza el fin del problema, pero brinda a las niñas y sus comunidades las herramientas para defenderse cuando sienten que se está produciendo violencia. El Congreso colombiano necesita urgentemente impulsar una ley que elimine la excepción del Código Civil que permite a menores casarse con el permiso de sus padres, y que el gobierno de Gustavo Petro aborde esta práctica, que es contraria a los estándares internacionales.
El nuevo presidente tendrá la oportunidad de hacerlo a través del Ministerio de Igualdad, que estará liderado por su vicepresidenta Francia Márquez, impulsando políticas educativas y de prevención del matrimonio infantil y las uniones precoces. Esto garantizaría que ellas, especialmente las niñas y adolescentes más desfavorecidas, cuenten con leyes y programas que, al menos en el papel, las atiendan.
