Un general retirado y otros 17 exmilitares reconocen haber asesinado civiles en Colombia – Noticias de mi Pais

El general retirado y otros 17 exoficiales han admitido su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales de civiles, conocidas como falsos positivos. Fueron imputados por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por la Jurisdicción Especial del Mundo (JEP) por participar en el asesinato de 296 personas en los departamentos de Casanare, en el oriente colombiano, así como en los vecinos Boyacá, Mete y Arauca, zona fronteriza región con Venezuela.

En julio pasado, la justicia transicional, encargada de conocer de los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado, procesó a 22 miembros de las fuerzas armadas, un miembro del ex Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y dos civiles por participar en el asesinato de personas que se hicieron pasar por guerrilleros o criminales muertos en batalla. Los acusados ​​tenían hasta el 8 de noviembre para admitir o negar su culpabilidad.

Uno de los altos mandos que reconoció su participación en los crímenes es el Mayor General (derecha) Henry William Torres Escalante, quien fue comandante de la XVI Brigada del Ejército en Casanar de diciembre de 2005 a junio de 2007. Torres fue reconocido ante la Jurisdicción Especial para la Paz como su máxima responsabilidad en casos de falsos positivos como «autor intermediario de crímenes de lesa humanidad, asesinatos y desapariciones forzadas de personas». La misma fue adoptada por el Teniente Coronel (derecha) Henry Hernán Acosta Pardo, quien fue comandante del Batallón de Infantería No. 44 de Ramón Nonato Pérez, y el Mayor (derecha) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, quien fue comandante del Gaula de Casanare desde junio de 2006 hasta octubre de 2006. 2007 Otros suboficiales también lo reconocieron.

La Cámara de Reconocimiento de la JEP confirmó que estos militares operaban como una organización criminal que planeó, ejecutó y encubrió la matanza de personas inocentes para presentarlos como «bajas de combate», lo que les valió reconocimientos, premios e incluso créditos por el avance en la lucha. militar. “Entre los delitos documentados están las víctimas asesinadas en situación de total indefensión”, dijo en julio el juez de la JEP Oscar Parra.

En este caso, se demostró que los perpetradores no solo cometieron los asesinatos y les pusieron armas y uniformes falsos, sino que también tenían un “kit de legalización” para que la muerte quedara registrada como resultado de las hostilidades. Asimismo, que entre las víctimas había nueve mujeres, una de ellas embarazada, dos trabajadoras sexuales y un joven con orientación sexual no tradicional. Este es un caso en el que la JEP acusó por primera vez un crimen de lesa humanidad por razón de sexo y un crimen de guerra por utilizar niños porque los militares utilizaron a menores como reclutadores o como cebo para engañar a las víctimas.

La JEP midió la magnitud de los «falsos positivos» y brindó una cifra escalofriante: soldados y agentes del gobierno mataron al menos a 6.402 personas para presentarlas como bajas en combate entre 2002 y 2008. El reconocimiento de la responsabilidad de estos altos funcionarios implica la ratificación de hechos sistemáticamente negados por algunos círculos de derecha.

Estos crímenes, que en su mayoría ocurrieron entre 2002 y 2008, también están documentados en el informe final de la Comisión de la Verdad, que fue criticado por el expresidente Álvaro Uribe. Según los manuales de memoria alternativa que circula el uribismo, los falsos positivos no eran política pública. “Hay una versión privada que circula en las Fuerzas Armadas, que no se apoya públicamente, según la cual se dieron muchos falsos positivos contra personas que estaban en formaciones ilegales”, escribe, cuestionando la inocencia de los asesinados.

Ante la JEP se presentaron 3482 representantes de las fuerzas del Estado, entre militares y generales, entre ellos el exjefe del Ejército, Mario Montoya. Se presentan ante este tribunal, que les otorga beneficios legales, como la libertad condicional, si aportan información que ayude a esclarecer los delitos.

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