Organizaciones indígenas denunciaron que, a pesar de las diversas iniciativas del Estado peruano en los últimos años, ecologistas Continúan en riesgo por la ola diaria de violencia en defensa de sus territorios.
De acuerdo con él Informe Global Witness 2022, de 2012 a 2021, hubo 51 asesinatos de ambientalistas en el país. Ante este complejo panorama, las Asociaciones Indígenas Amazónicas han exigido la adopción y promulgación de normas que aseguren su efectiva protección y atiendan la gran inestabilidad jurídica en sus territorios.
Es para solucionar este problema que este viernes 21 se llevará a cabo una Mesa de Trabajo Multisectorial, que estará a cargo de la Organización Indígena Ashán Central del Río Ene (CUIDADO), apoyado por la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DAR). Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y diversas instituciones públicas dedicadas a la protección de los derechos humanos y ambientalistas.
“Vivimos a diario en un ambiente de inseguridad”
En la Cuenca del Ene, Provincia de Satipo (Distrito de Junín), la presencia del Estado es muy limitada y queda trabajo por hacer por parte del Estado peruano. Organización Indígena CUIDADOque representa a 19 comunidades indígenas y 33 candidaturas en esa jurisdicción, exige que las leyes establecidas para proteger a los ambientalistas sean efectivas.
“De las 171 personas en riesgo, el 70% son indígenas. Quiero recalcar que este no es un problema solo de Junín, sino también a nivel nacional, porque constantemente estamos bajo presión en nuestros territorios por el desarrollo de actividades ilícitas como el narcotráfico o la tala ilegal, que ponen en peligro nuestras vidas y la de nuestros familiares», dijo. Ángel Pedro ValerioPresidente de Central Ashaninca del Rio Ene (CUIDADO).
A pesar de la violencia que sufren los pueblos amazónicos, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 ha logrado logros institucionales, uno de los cuales es el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, aprobado en abril de 2021.
Además, está la iniciativa de la Defensoría del Pueblo, que desde julio de 2020 desarrolla Lineamientos de Acción destinados a incrementar el acceso a la justicia y la protección de las personas defensoras de derechos humanos, así como la iniciativa del Ministerio de Estado, que aprobó el Protocolo sobre Derechos Humanos en abril de 2022. Defensores.
“Vivimos en un ambiente de inseguridad a diario porque, a pesar de que tenemos derechos de propiedad, no están registrados en los registros estatales, porque no están georreferenciados, y por eso no podemos proteger nuestros territorios. Por eso, le estamos pidiendo al gobierno que promulgue leyes que protejan nuestras vidas y nuestras comunidades”, dijo. Ángel Pedro Valerio.
Organizaciones amazónicas y la Defensoría del Pueblo han denunciado que las comunidades indígenas no tienen un acceso real a la justicia ambiental porque, a pesar de presentar denuncias, no se sanciona a los perpetradores u organizaciones criminales.
