Esta mañana se dio a conocer la política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro, uno de los documentos más esperados por analistas, militares y organizaciones de derechos humanos. EL PAÍS ha tenido conocimiento de un borrador que da las claves de un documento que guiará la actuación del Ministerio de Defensa en los próximos cuatro años.
El texto de 59 páginas presenta un vago diagnóstico de la violencia en diferentes territorios y establece tres objetivos principales para prevenir y acabar con la violencia. El panorama habla de un aumento de los desplazamientos y de una crisis humanitaria provocada por la colocación de minas antipersonal, así como el reclutamiento de menores.
El primer objetivo es esencialmente proteger la vida y los bienes, “con especial énfasis en las zonas disputadas por las organizaciones criminales” y con un enfoque territorial. Para ello, dice el texto, una de las principales estrategias será la paz total, un proyecto de negociación con todos los grupos armados liderado por el Alto Comisionado para la Paz, que ha sido criticado por ser visto como algo ajeno a la seguridad y la defensa. . . .
“Paz Total apunta a través del diálogo con las bases territoriales a una solución consensuada para evitar el reuso de la violencia. Pero el deseo de paz no debe confundirse con la debilidad del Estado, y más aún con la ingenuidad del gobierno. El sector de la seguridad y defensa nacional es de importancia estratégica para lograr la Paz Total”, dice el texto. Luego propone fortalecer el sistema de inteligencia, aprovechar la experiencia de los diálogos de paz anteriores y reforzar las unidades policiales creadas bajo el Acuerdo de Paz del Teatro Colón, que desmovilizó a más de 13.000 excombatientes de las FARC.
Luego de este proceso de paz, hubo una fragmentación y tercerización de las organizaciones ilegales. El gobierno afirma que la paz total es también una forma de eliminarlos. “La meta de desmantelar estas organizaciones ‘multicriminales’ es una meta de largo plazo, y se deben hacer esfuerzos para mitigar los efectos negativos a través de procesos de negociación o sometimiento a la justicia (…)”. Para ello, están integrando un sistema de coordinación y coordinación “multidelito” que buscará perseguir los delitos de blanqueo de capitales, corrupción gubernamental, contrabando y extorsión.
Los incesantes asesinatos de líderes comunitarios también tienen una dimensión política. La estrategia de atención a la “población de protección especial” incluye, entre otras cosas, el fortalecimiento de la policía de élite y la policía judicial.
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La crítica situación del tráfico de cocaína es otro de los problemas abordados en el trabajo. En política de drogas, se enfocarán en cuatro tareas: fortalecer la interdicción en tierra, mar, aire y ríos; desmantelamiento de infraestructura al servicio del narcotráfico; búsqueda estratégica de financiación ilícita y lucha contra el blanqueo de capitales; y «uso estratégico e informado de la erradicación violenta con pleno respeto a los derechos humanos».
Otra característica de la política de seguridad es que se enfocará en los delitos que afectan el medio ambiente, como la minería ilegal y la deforestación. Este es, de hecho, el segundo objetivo que se plantea.
Además, tiene una estrategia especial para combatir el cibercrimen. “Los desafíos tradicionales en el campo de la defensa requieren fortalecer la capacidad para prevenir y contrarrestar cualquier ciberamenaza o incidente que afecte a la sociedad, la soberanía nacional, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales”, dice el proyecto. .
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