
Si es difícil que 20 países se pongan de acuerdo en algo, entonces lo hacen en Venezuela, y en unas tres horas, parece una misión imposible. La cumbre internacional organizada por Gustavo Petro se llevó a cabo el martes en Bogotá. Había más expectativas que resultados. Las conclusiones se limitan a tres puntos que no parecen nuevos. La necesidad de fijar un cronograma para las elecciones en Venezuela, para que los acuerdos entre el chavismo y la oposición vayan acompañados del levantamiento de sanciones, y que la reanudación del proceso de diálogo en México vaya de la mano con la creación de un fondo de inversión social en el país, que se acordó en noviembre, pero que aún no ha sido anunciado.
El encuentro dejó un ambiente más bien frío que resultó cálido. El día anterior, el gobierno colombiano logró resolver lo que se puede llamar la crisis de Guaidó. El líder de la oposición venezolana anunció inesperadamente este lunes su presencia en Colombia, a donde ingresó ilegalmente desde Venezuela. Nadie esperaba esto, y en todos los círculos entrevistados por la cumbre, incluida la mayoría de la oposición, se percibió como un intento de boicotear la reunión. Esa misma noche, el gobierno colombiano escoltó a Guaidó al aeropuerto de Eldorado para volar a Miami (EE.UU.). “Obviamente, el sector político quería impedir el libre desarrollo de la conferencia internacional sobre Venezuela”, dijo Petro el martes.
El problema, después de todo, no era una política inesperada. El problema es la gran complejidad de la propia crisis venezolana. La reunión tenía todos los requisitos previos para el éxito. El gobierno de Nicolás Maduro, aunque sin entusiasmo, aprobó el nombramiento. Miembros de la oposición viajaron a Bogotá para reunirse con el presidente colombiano el sábado, como una especie de antesala de la cumbre. Estados Unidos llamó a Colombia a conmemorar la ocasión y envió un representante. Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, asistió como invitado. Sin embargo, las conclusiones leídas por el canciller colombiano Álvaro Leyva sonaron vagas. Para aumentar la confusión, se deslizó entre algunos países participantes que no se acordó ningún documento final conjunto, sino que los tres puntos fueron una decisión unilateral de Colombia.
Petro entiende mes a mes que es mejor bajar cualquier expectativa con respecto al país vecino. Desde que llegó al poder en agosto pasado, ha dedicado parte de su energía a Venezuela. Primero, restablecer las relaciones entre ambos países, rotas por su antecesor conservador, Iván Duque. Y segundo, asumir el liderazgo regional, que ayude a destrabar la crisis del país petrolero. En cualquiera de los dos frentes, todo resultó ser más difícil de lo que parecía a primera vista. Se han restablecido las relaciones, pero Maduro actúa como un especialista en alargar cualquier caso. Frente al resto del mundo y al propio Peter, que tiene cuatro años para cumplir sus promesas, el chavismo nunca tiene prisa por llegar a ningún lado.
El encuentro tuvo como objetivo facilitar el regreso de las partes a la mesa de diálogo en México. El proceso, que es arbitrado por Noruega, se reunió por última vez en noviembre del año pasado. El tiempo se acaba a pesar del propósito mismo de estas negociaciones, que es realizar elecciones con garantías democráticas en 2024. El chavismo no pretende dejar de jugar por tiempo. A su alrededor, el país se hunde en una crisis económica cada vez más grave, pero la celebración de unas elecciones presidenciales justas y libres, como pide la oposición, podría provocar su pérdida del poder, en el que Maduro lleva 10 años en el poder.
El presidente chavista argumenta en su defensa que en noviembre se decidió descongelar los fondos venezolanos en el exterior para invertir en acción social en el interior, y que Estados Unidos está bloqueando estos activos. El acuerdo de ninguna manera proporciona dinero directamente al gobierno de Maduro, sino que establece que la ONU está creando un fondo social de alrededor de $ 3 mil millones con montos congelados en muchos países y que la ONU está dirigiendo inversiones directamente a Venezuela. – escuelas, hospitales, red eléctrica, etc. – acordado en detalle por las delegaciones del gobierno y la oposición.
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Las barreras para su creación en la ONU surgen de una carta del Departamento de Estado que sugería la posibilidad de que los acreedores de Venezuela exigieran el pago de sus deudas una vez liberados los fondos. Fuentes diplomáticas aseguran que Washington ya está trabajando en este tema para agilizar el proceso, resolver posibles problemas derivados y pronto habrá resultados. Integrantes de la delegación opositora que llegaron a Bogotá esperaban que en la cumbre del martes se anunciara la creación de este fondo social, pero no fue así.
Leyva anunció que ahora se enviarán las conclusiones a las partes, las cuales, según leyó públicamente al final de la reunión, ascendieron a 258 palabras. En un futuro próximo, según él, se convocará una segunda cumbre para comprobar el desarrollo de acuerdos con los mismos invitados. La cita ya no se llamará «reunión de cancilleres» como la ha llamado en reiteradas ocasiones Petro, ya que el martes solo asistieron cuatro, incluido el colombiano. La mayoría de los representantes eran reuniones diplomáticas.
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