Un bebé emberá muere en Bogotá bajo custodia del ICBF – Noticias de mi Pais

En menos de tres meses, Jadiel Grepson Keragama vivía. El 21 de abril, alrededor de las 4:00 p. m., la bebé Amber murió por insuficiencia respiratoria. Su madre biológica, Claudia Keragama, recibió la noticia horas después, pues el recién nacido estuvo al cuidado de una madre sustituta designada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) durante 10 días. El caso de Jadiel se suma al de 38 indígenas que fallecieron luego de que 15 indígenas llegaran a Bogotá como desplazados e iniciaran una minga en el parque nacional en septiembre de 2021. El 80% eran menores de 10 años.

Ante el caso de Jadiel, el condado aún no ha tomado una decisión. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) emitió un comunicado garantizando que “el 21 de abril [el bebé] Tuvo algunas complicaciones respiratorias y fue trasladado a urgencias, donde falleció por complicaciones mayores de salud.

Este no es el primer caso de muerte de menores bajo el amparo de esta organización. El 20 de febrero, Daisy Eliana Keragama, de 11 años, falleció por un paro respiratorio a consecuencia de la neumonía severa que padecía, según informaron médicos del hospital San José. En días anteriores había estado viviendo en el Centro de Emergencia del ICBF como parte del proceso de recuperación.

La familia de Jael vivía en el Complejo de Protección Integral (UPI) en Florida, mientras que la de Daisy vivía en La Rioja. Los dos son miembros de familias embera que firmaron acuerdos con los gobiernos distrital y nacional hace un año que permitieron el traslado de unos 5.000 indígenas que habitaban el parque nacional a varias UPI en Bogotá. Sin embargo, lo que en su momento fue una esperanza para miles de desplazados se está desvaneciendo a medida que la lenta implementación del acuerdo ha tenido un impacto mortal en la vida de los más pequeños, aún cuando se encuentran bajo el cuidado y tutela del Estado.

Cada vez son más recurrentes los casos de niños y jóvenes indígenas que son puestos bajo el cuidado del Estado. Dadas las condiciones indignas en las que viven dentro de los centros y su precaria situación económica, algunos líderes de la Autoridad Indígena Bakat (AIB) dicen que los jóvenes y sus familias se ven obligados a trabajar en la calle, viviendo de la mendicidad a extraños. o comer en condiciones insalubres. Eduardo Mumundia, dirigente Emberá de UPI La Florida, coincide: “Nosotros cocinamos con leña, el humo ha enfermado a muchos niños. El ICBF dijo que el caso de Jael había sido sobreseído, pero no fue así, su grave estado de salud fue producto de la forma en que vivimos aquí”, explica.

Para enfrentar el problema de hacinamiento en la UPI, que agrava la salud de muchos indígenas, en diciembre la Sociedad Especial de Bienes -organismo gubernamental que administra los bienes incautados a la mafia y la delincuencia- anunció que, como resultado de negociaciones de emergencia entre indígenas mandatarios y presidente Petro, contará con tres sitios para su reubicación: uno en Risaralda y dos en Bogotá. EL PAÍS contactó con la organización para saber cuál es el proceso, pero no obtuvo respuesta. La respuesta, que tampoco fue recibida por las autoridades locales de Bakat, organización que une a estas comunidades en la capital y representa a estos pueblos ante el gobierno.

Otro punto acordado es garantizar el retorno seguro de los pueblos indígenas a sus territorios. El Grupo de Atención a Víctimas, responsable de su implementación, informa que 210 personas de UPI La Florida y 457 personas de UPI La Rioja han manifestado su deseo de regresar a sus territorios.

A pesar de estos reclamos, las autoridades indígenas de Bakat sostienen que estos temas no han sido discutidos con ellos, lo que consideran clave ya que la AIB reúne a la mayoría de las comunidades indígenas que viven en la capital. Además, aseguran desconocer la propiedad prometida y afirman que no estuvieron involucrados en muchos de los procesos para el retorno de más de 100 familias que optaron por regresar a su territorio.

Pero sobre todo hacen un llamado a las instituciones para que apoyen a las familias de los niños muertos, como fue el caso de Camila Evao, de dos años. La niña murió el 16 de febrero, pero su funeral tomó más de un mes y se logró debido a que su madre, que no hablaba español y no estaba informada sobre la ruta, lloró durante días ante el tribunal. Medicina para que entreguen a su hija. Un cuadro trágico que sus líderes temen que se siga repitiendo.

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